La Agencia Internacional de Energía, AIE, estimó que Indonesia, Filipinas y Vietnam necesitarán alrededor de US$3.700 millones de financiamiento público internacional en cuatro segmentos de energías renovables para encaminarse hacia sus objetivos de desarrollo y reducción de emisiones de 2035.
La estimación integra un informe publicado el 28 de octubre de 2026 junto a Convergence Blended Finance. Parte de esos recursos, señala el documento, se utilizaría mediante estructuras de financiamiento mixto: esquemas que combinan capital en condiciones concesionales con inversión comercial.
El estudio abarca energía solar en techos, soluciones descentralizadas —como pequeñas redes y sistemas aislados—, eólica marina y almacenamiento con baterías. La cifra no es un fondo ya aprobado ni una convocatoria de crédito. Tampoco corresponde a inversiones anunciadas para Argentina.
Qué busca resolver el financiamiento mixto
La AIE describe proyectos que tienen potencial, pero no logran pasar del desarrollo inicial al cierre financiero y la ejecución. En algunos casos, el obstáculo es un riesgo concreto que el capital privado no puede o no quiere asumir por sí solo.
Los recursos concesionales pueden absorber, compartir o mitigar parte de ese riesgo. El informe menciona garantías, mecanismos de reparto de riesgos, cofinanciamiento y herramientas para afrontar diferencias de plazos o moneda. La elección depende del problema que impide financiar cada proyecto.
Desde 2016, el sudeste asiático movilizó US$17.900 millones de financiamiento concesional y comercial para renovables a través de estas estructuras, de acuerdo con el estudio. Es un acumulado regional y no debe confundirse con la estimación de necesidades para los tres países y cuatro segmentos analizados.
Distintas tecnologías, distintos problemas
En solar sobre techos, la agregación de proyectos pequeños puede darles escala y reducir costos de transacción. Las garantías también pueden atender el riesgo de crédito de quien compra la energía. La AIE considera más sólido el argumento para ese apoyo en Indonesia, mientras que en Filipinas y Vietnam identifica ecosistemas financieros más maduros.
Las soluciones descentralizadas presentan otra dificultad. Algunos proyectos para llevar electricidad a los últimos usuarios no generan retornos comerciales suficientes. En esos casos, el informe entiende que los aportes no reembolsables pueden resultar más apropiados que una estructura pensada principalmente para atraer inversores privados.
Para las baterías, el documento observa oportunidades de establecer antecedentes operativos, contractuales y financieros en Filipinas y Vietnam. En Indonesia, el margen es mayor en proyectos híbridos con ingresos identificables; resulta más limitado cuando todavía faltan marcos regulatorios desarrollados.
En eólica marina, la prioridad inmediata es la preparación de proyectos. La participación de financiamiento mixto en la inversión puede ganar relevancia cuando existan procedimientos de contratación y esquemas de ingresos creíbles.
Las garantías no sustituyen a las reglas
Una de las conclusiones centrales es que estos instrumentos tienen límites. No reemplazan reformas regulatorias, contratos claros, remuneraciones previsibles ni compras transparentes. Tampoco resuelven por sí mismos la falta de redes de transmisión, distribución o infraestructura portuaria.
El informe propone utilizar el mínimo apoyo concesional necesario y retirarlo progresivamente cuando mejora la viabilidad comercial. También recomienda agrupar proyectos, mejorar los datos disponibles y fortalecer la capacidad de gobiernos e instituciones para estructurar las operaciones.
Para los lectores que siguen inversiones energéticas, el documento aporta criterios para distinguir un proyecto técnicamente posible de uno que además puede financiarse. Su ámbito concreto son los mercados asiáticos analizados: no habilita inscripciones argentinas, no anuncia obras en Vaca Muerta ni permite trasladar automáticamente sus estimaciones a la región.
